El gobierno analiza la baja de más de 220 mil pensiones por discapacidad laboral tras detectar irregularidades en una auditoría. Estas corresponden a beneficiarios que no acudieron a la citación emitida por el Ministerio de Salud. El monto involucrado asciende a $900 mil millones anuales.
En exclusiva, la Dra. Alejandra Vargas expresó su preocupación: “220 mil pensiones son muchísimas. En la provincia hay muchos casos de discapacidad reales, pero también un porcentaje que probablemente no cumpla con el 66% de discapacidad requerido para el beneficio, y aún así lo recibe”.
Vargas apoya los controles, pero cuestiona el método: “No me parece bien que se cite a personas en sillas de ruedas o con discapacidades evidentes. Muchos han sido intimidados a presentarse en La Banda por ANDIS, y hay casos que no deberían ser revisados”.
Además, señaló que se están exigiendo estudios médicos de cuando se declaró la incapacidad, lo que genera complicaciones. La Dra. Vargas criticó la tendencia de los gobiernos a “eliminar todo” sin analizar casos genuinos, afectando a personas con discapacidades reales.
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