El riesgoso juego de apostar al límite

La semana empezó a descomponerse desde el inicio. La reunión del lunes a la noche en el CFI entre gobernadores y legisladores cooperativos con la Casa Rosada, a la que después se sumó Guillermo Francos, fue una muestra de la profunda fragilidad del momento. Allí se terminó de abrir una rajadura que atravesó todo el debate de la ley ómnibus y que dejó en sombras el futuro funcionamiento de todo el sistema político.

El encuentro había sido motorizado por los referentes de Juntos por el Cambio, a partir de la preocupación de los mandatarios provinciales por el efecto que podía tener sobre sus recursos las emergencias y las facultades delegadas que están en el proyecto, así como el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según la definición de uno de ellos, era una reunión “defensiva”. Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, dos de los más activos, sumaron al cordobés Martín Llaryora, para potenciar las demandas de la zona centro. Y de allí se plegaron Catamarca y Tucumán, aunque sin la presencia de sus gobernadores.

En la previa del encuentro, el intercambio entre ellos ardió. Todo a través del chat que tienen en común, que pasó a llamarse “23 gobernadores y un jefe de Gobierno”, después de que Axel Kicillof cuestionara el nombre anterior, “24 gobernadores”, por considerar que Jorge Macri no estaba en la misma categoría. En esos diálogos virtuales se generó una dinámica curiosa: empezaron tibiamente a hablar de la posibilidad de presionar para que el impuesto PAIS fuera restituido en el proyecto y coparticipado, y cuando llegaron al CFI ya se estaban repartiendo el dinero por anticipado. “Al principio del día algunos plantearon que podíamos discutir el tema porque hay un 30% de ese impuesto que va a las provincias, pero a través de cooperativas y movimientos sociales. Pero después nos empezamos a entusiasmar y hacer cuentas, para que de ese 30%, 25 fuera administrado por los gobernadores y 5 por los movimientos. De pronto lo dimos por hecho”, admitió uno de los mandatarios allí presente.

Cuando Francos llegó a la reunión, la torta ya estaba prácticamente repartida. El ministro, en su habitual estilo diplomático, receptó el pedido y atinó a decir que debía consultarlo. Según una versión, dijo que “no le parecía mal” coparticiparlo. Pero él asegura que jamás abrió esa posibilidad. Igual, el detalle ya es historia, porque a los pocos minutos llegó el comunicado del Gobierno descartando cualquier posibilidad de introducir el tema en el proyecto y mucho menos de coparticiparlo. El delicado acuerdo que algunos creyeron haber sellado esa noche para avalar los artículos más delicados de la ley ómnibus a cambio del impuesto PAIS, terminó de desmoronarse.

Y allí se produjo una fisura que solo parece ensancharse desde entonces. Una falla divisoria que se evidenció en ese episodio pero que se amplifica hasta exponer dos interpretaciones de la política, cosmovisiones totalmente antagónicas del ejercicio del poder. Parafraseando a Samuel Huntington, un choque de civilizaciones. De un lado, la “lógica de la disrupción” de Javier Milei, basada en el principio de que él es una figura excepcional en la historia del país, producto de una crisis también excepcional, y que gracias al apoyo popular que recibió no solo está habilitado sino que está mandatado para actuar de un modo revulsivo para el sistema, al que debe desafiar por la naturaleza del fenómeno que él mismo representa. En la vereda de enfrente rige la “lógica de la convención”, que configura un clásico modelo consensual y pragmático de negociación, reconoce la legitimidad de todos los actores del universo político y naturalmente busca acuerdos a partir de reconocer los intereses de todos los interlocutores, afirmado en el principio de ganancias relativas, no absolutas. Esta confrontación de concepciones demuestra que el problema no es solo de diferencias ideológicas, entre libertarios privatizadores y centristas estatizadores; es esencialmente metodológico y tiene que ver con nociones alternativas de construcción de poder. Por eso la brecha es más profunda.

El fin de la cooperación

Martes al mediodía. Sentado en el lobby de un hotel porteño con sus colaboradores más estrechos, Llaryora estaba en llamas. Sentía que había caído en una emboscada de los Ex Juntos por el Cambio y que había sido traicionado por el Gobierno. Allí transmitió un mensaje inequívoco: “Esto es el final de la cooperación, no se puede confiar en esta gente. Yo fui el primero que dije que había que aprobar esta ley y demostré la mejor buena voluntad. Pero estuve anoche en la reunión y ahí Francos se comprometió con lo del impuesto PAIS. Y después salen y me tildan de ´mentiroso´. Si tuviera un poco de dignidad, debería renunciar”. Desde ese día, el cordobés no le atendió más el teléfono al ministro. Su posición es compartida por varios de sus colegas, pero no lo expresan en público. Llaryora tiene más espalda política y fiscal para dar esa disputa.}

A partir de entonces, las negociaciones entraron en un pantano del cual todavía no pudieron salir. Mientras en el recinto los diputados consumían 30 horas de discursos y agresiones, detrás de los cortinados se sucedían las reuniones para pavimentar la votación en particular. Todas fracasaron, incluso la última gestión de Francos, que el viernes fue personalmente a reunirse con los jefes de bloque aliados. Persisten las diferencias por las privatizaciones, por las emergencias y por las facultades delegadas, pero no parecen ítems insalvables para el oficialismo. La discusión real es por el impuesto PAIS, o en todo caso, por todo el capítulo que fue retirado del proyecto.

En el Gobierno admiten que la media sanción “no está todavía garantizada” en Diputados. De hecho el comunicado oficial que difundió cuando solo faltaba una hora para la aprobación en general, y que provocó un malestar muy ramificado en la cámara, dicen que se debió a que habían percibido a último momento señales ambiguas de algunos legisladores que iban a votar a favor. Tienen identificado a un sector “que se referencia en Córdoba” y que, según su interpretación está integrado por los cinco legisladores de esa provincia, y que tiene como articuladores a Emilio Monzó y Nicolás Massot (a Miguel Pichetto, en cambio, lo tratan de “caballero, un señor”). Este sector, en la mirada de la Casa Rosada, les fue “corriendo el arco en toda la discusión, primero con las economías regionales, después las retenciones, el FGS, y siempre aparecen nuevas cosas”. Entienden que buscan “doblegar al Gobierno y disputar poder”. Pero fiel a la doctrina de la disrupción, ya tienen una amenaza a mano por si la ley se cae. “Si quieren meter el impuesto PAIS, se va a vetar, y si en el debate en particular el proyecto no sale como está ahora, lo vamos a retirar del Congreso”, explican en el entorno más cercano de Milei.

“Nosotros no corrimos el arco –responden en el sector de Hacemos Coalición Federal que articula con los cordobeses- fue el Gobierno el que sacó Ganancias y ese debate se trasladó al impuesto PAIS. Esa es toda la discusión. Córdoba va a votar en contra de las delegaciones si no hay un acuerdo por el tema. Incluso el viernes le propusimos a Francos evaluar alternativas de transferencias por fuera de ese gravamen”.

Un sistema sobreestresado

Entre el miércoles y el jueves Francos (a quien algunos vieron con síntomas de fatiga y hartazgo en proporciones similares) agotó la batería de su celular llamando a los gobernadores para plantearles que después de aprobarse la ley, serían convocados a una gran reunión para debatir todo el capítulo fiscal. Algunos les reclamaron que fuera antes de la sanción. Pero el Presidente bajó una línea: “Vamos a sentarnos a hablar de plata una vez que la ley esté aprobada en las dos cámaras”. Más problemas para Francos, que se siente aprisionado entre dos frentes, el de los gobernadores por un lado, y el de Milei y Luis Caputo, por el otro; dos alas duras.

El Gobierno asegura que la ecuación de urgencias en torno de la distribución de fondos se invirtió respecto de diciembre, cuando aterrizó el megaproyecto en el Congreso. “No nos está yendo mal en lo fiscal, no tenemos problemas de caja. Es más, estamos logrando superávit financiero. Ahora la urgencia es de los gobernadores”, grafican en la Casa Rosada. Este razonamiento enfurece a los mandatarios del interior. “Claro, están ordenando sus números a costa de las provincias. En estos dos primeros meses no nos pasaron un peso por fuera de la coparticipación automática”, se queja uno de los que busca contribuir con el Gobierno.

La discusión por los fondos no se trata solo de transferencias, sino de un modo de entender el poder. En el círculo de Milei admiten que apelan a una función disciplinaria de la caja para doblegar a los gobernadores. “Dentro de un mes nosotros vamos a tener las cuentas en orden y en las provincias no van a poder pagar los sueldos. Así se van a ir acomodando los actores”, grafican.

Pero el juego es extremadamente peligroso. En menos de dos meses el esquema de interacciones que compone el sistema político quedó sobreestresado. Todos los actores están irritados, enojados unos contra otros y con los lazos de confianza quebrados; no se creen. Aunque la política es el arte de lo posible y los intereses predominan, también los vínculos personales cuentan. La fragmentación de todo el escenario y la ausencia de liderazgos ordenadores solo contribuyen a complicar aún más las cosas.

Los gobernadores aliados están enfurecidos porque entienden que solo recibieron destrato a pesar de haber actuado como representantes informales de un Gobierno que no tiene ni un solo representante en las provincias. Incluso los más amigables, como Rogelio Frigerio, Jorge Macri y Alfredo Cornejo, quedaron extenuados. Los diputados, igual. Pichetto, Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo, que como jefes de bloque debieron hacer equilibrio entre las diferencias internas de sus bancadas y las demandas del oficialismo, ya no quieren saber más nada. “Les estamos haciendo el trabajo a ellos. ¿Dónde está (Oscar) Zago?”, se desahogó uno de ellos en referencia a su par libertario. En el grupo de los viejos zorros no pueden creer cuando ven a los diputados oficialistas haciéndose selfies en el recinto o recorriendo pasillos mientras ellos negocian con los funcionarios. “Parece que están en una visita guiada. No es solo la impericia, sino el desinterés. A nosotros nos putean pero les estamos salvando la ley”, se fastidia uno de los aliados.

Los negociadores de La Libertad Avanza quedaron desgastados, especialmente el “club de la buena onda”, como llaman a Francos y Martín Menem por su trato amable y su escaso poder de decisión (que se evidenció con la irrupción clave de Santiago Caputo en las conversaciones). En todos ellos anida una convicción absoluta y compartida: así Milei no va a poder seguir gestionando sin poner en riesgo la gobernabilidad. Todos entienden que es inviable como modelo, pero no visualizan una salida. Imaginan imprescindible un pacto mínimo de convivencia, algún esquema coalicional, por el que el Presidente no transmite ningún entusiasmo. “Si esto va a ser así los cuatro años, no llega nadie”, resume uno de los exhaustos.

El alerta también tiene un componente callejero, porque el jueves se vieron escenas peligrosas durante la movilización de la izquierda y el kirchnerismo. Primero por una cuestión operativa: durante varios pasajes se produjeron fricciones extendidas con los efectivos policiales, que los llevaron a movimientos envolventes en los que los agentes quedaron encerrados por manifestantes. “El Gobierno adoptó una doctrina de facto que establece que para cumplir el objetivo de despejar la vía pública, se puede ir hasta donde los hechos lo requieran. Entonces los gendarmes o los policías avanzan 200 o 300 metros para desmovilizar y se exponen”, explica un funcionario que estuvo al tanto del operativo. Pero además hay una cuestión estratégica: la aplicación a rajatabla del protocolo antipiquetes en un momento pareció poner en riesgo la aprobación de la ley. Al Ministerio de Seguridad le hicieron llegar el mensaje de que la sobresaturación de efectivos en la calle podía ser contraproducente, sobre todo si le bajaban la orden de reaccionar ante el primer síntoma de incumplimiento del protocolo. Pero Milei está feliz con la actuación de Patricia Bullrich y su misión de ordenar el espacio público, sobre todo cuando las fuerzas son provocadas o desafiadas por los manifestantes. Pero como ocurre en el plano político, la fricción constante no es conveniente para los objetivos ulteriores. Si la semana próxima hay tres días más de disturbios, se volverá complejo de mantener el operativo. También puede pasar que la protesta se deshilache y quede una minoría más violenta, como ocurrió el viernes. Allí se habrá impuesto la nueva doctrina de seguridad.

A muchos les llamó la atención que mientras todo esto ocurría Milei tuviera margen para hablar con el fundador de la red Tinder, Sean Rad, y con Larry Fink, el CEO de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo. Pareció querer exhibir que él estaba en otro plano, mientras se resolvían las terrenalidades de la ley. Como queriendo mostrarse en conexión con las inversiones, el futuro, las finanzas, lo virtual. Probablemente detectó que un sector importante de la sociedad no se conmueve con las peripecias legislativas. “Él no está en el detalle de las conversaciones, nos marcó un norte y los límites, y nosotros actuamos. Su foco es más lo económico, lo fiscal, atraer recursos”, explican en su equipo.

El viernes solo compartió satisfacciones por la aprobación en general de la ley, como si el resto de los problemas no existieran. Cree tener un sensor social más afinado que el de la denostada casta. Pese a que el mega proyecto de 664 artículos hoy ya quedó en 365, asegura que su aprobación no solo es importante como gesto político sino por los tres elementos centrales que aún quedan en pie: las desregulaciones, las privatizaciones y la delegación de facultades. Está claro que el carácter refundacional que tenía la iniciativa al principio, casi un nuevo orden institucional, quedó muy despojado. Y en ese sentido falló su estrategia “blitzkrieg”, la guerra relámpago (en la intimidad se admitió que quizás fueron “demasiados ambiciosos”). Pero aunque sea para disimular, sostiene que la ley es clave como un primer paso.

Por : Jorge Liotti – La Nación