La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia generó un alivio temporal en las filas del Gobierno nacional en su pulseada por sostener la vigencia del Mega DNU 70/23. Sin un acuerdo pleno entre sus integrantes, el máximo tribunal dictó una «cautelar interina» que dejó sin efecto de forma provisoria el artículo 154 del decreto —el cual derogaba la Ley de Tierras—, mientras que el ministro Carlos Rosenkrantz mantuvo su postura en disidencia.
A pesar de que el fallo frenó un punto específico del paquete de reformas, en los pasillos de la Casa Rosada la resolución fue recibida como un respiro político. La decisión judicial frena momentáneamente la embestida opositora en el ámbito judicial y le otorga un mayor margen de maniobra al Poder Ejecutivo para reorganizar sus fuerzas en el Congreso.
Negociaciones a contrarreloj en Diputados
Con este nuevo escenario, el oficialismo busca acelerar los contactos con bloques aliados y legisladores de provincias afines para contener la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados. La agenda opositora pretende tratar no solo el tratamiento de la invalidez del DNU 70, sino también iniciativas vinculadas a morosidad y discapacidad.
Ante la ofensiva, el Gobierno trabaja a contrarreloj en acuerdos políticos y no descarta convocar, junto a sus aliados, a una sesión propia o articular respuestas legislativas que debiliten el quorum opositor y eviten la derogación definitiva del decreto fundacional de la gestión.
Fuente Perfil
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