1 de octubre de 2026

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El Gobierno indemnizó a un funcionario con casi 110 millones de pesos y lo contrató al día siguiente en otro organismo

La salida de un funcionario del Enacom desató una fuerte polémica tras revelarse que cobró una millonaria indemnización por su desvinculación y, de manera inmediata, asumió un nuevo cargo gerencial en el INTA, lo que generó cuestionamientos internos sobre los controles de gasto en plena política de ajuste.
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Una inusual y cuestionada maniobra administrativa sacudió las últimas horas a la administración central. Daniel Alfredo Neira, quien se desempeñaba como subdirector de Contabilidad y Finanzas en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), acordó su salida del organismo y recibió una indemnización cercana a los 110 millones de pesos. Lo llamativo del caso es que, al día siguiente de su desvinculación, fue incorporado con un cargo gerencial en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Los detalles de la maniobra y los montos

De acuerdo con los registros oficiales, la cronología del pase desató suspicacias dentro de la propia gestión estatal:

  • La salida del Enacom: Neira, que trabajaba en el organismo desde 2012, tramitó su salida mediante un acuerdo que contempló una liquidación total de $109.781.999,73. Del monto total, unos 73 millones correspondieron a los años de antigüedad, 24 millones a vacaciones no gozadas y 9 millones en concepto de preaviso.
  • El reingreso inmediato: Los trámites para su designación en el INTA (dependiente de la Secretaría de Agricultura) habían comenzado semanas antes de que finalizara formalmente su contrato anterior. Tras cobrar la indemnización un viernes, el lunes siguiente ya se encontraba prestando funciones en su nuevo destino jerárquico.

Críticas por el uso de fondos públicos

El caso generó fuertes críticas en el ámbito político y técnico, debido a que la normativa administrativa considera al Estado como un empleador único, por lo que este tipo de compensaciones extraordinarias suele cuestionarse cuando no implica un cese real de la relación laboral con el sector público.

Voceros de distintas áreas estatales advirtieron que la erogación equivale a la masa salarial mensual de cerca de 80 trabajadores, lo que choca fuertemente con el discurso oficial de estricta austeridad y recorte del gasto fiscal pregonado por el Poder Ejecutivo.

Con informacion de LPO