El presupuesto 2027 que el gobierno envió al congreso profundiza el ajuste en ciencia y universidades

El Poder Ejecutivo nacional envió este mes el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 al Congreso de la Nación, un documento que define las prioridades financieras del Estado para el próximo año y que, en su letra chica, confirma la continuidad y profundización del ajuste fiscal, con un impacto particularmente duro sobre las universidades nacionales y el sector de ciencia y técnica.

Según se desprende del texto ingresado a la Cámara de Diputados, las asignaciones presupuestarias para el sistema universitario y los organismos de investigación —tales como el CONICET y la Agencia I+D+i— vuelven a ubicarse por debajo de las proyecciones inflacionarias, lo que representa una merma en términos reales respecto a los ejercicios anteriores.

Puntos clave del proyecto:

• Universidades Nacionales: Las casas de altos estudios advierten que los fondos asignados no alcanzan para garantizar el normal funcionamiento operativo, el pago de servicios básicos ni la actualización salarial de docentes y no docentes.
• Ciencia y Tecnología: Los institutos de investigación sufren un nuevo recorte en sus presupuestos de funcionamiento y en el financiamiento para becas y proyectos de desarrollo estratégico.
• Defensa del equilibrio fiscal: Desde el oficialismo se sostiene que la iniciativa prioriza el ordenamiento de las cuentas públicas y la baja del déficit como ejes indispensables de la política macroeconómica.

Reacciones y panorama en el Congreso

La presentación del proyecto generó un inmediato rechazo por parte de los rectores de las universidades públicas, gremios docentes y referentes de la comunidad científica, quienes ya comenzaron a articular reclamos y gestiones con bloques opositores en el Congreso.

Se espera que la discusión del Presupuesto 2027 en las comisiones de la Cámara baja y del Senado se convierta en uno de los escenarios políticos más complejos del tramo final del año, donde el oficialismo deberá negociar los apoyos necesarios para sancionar la ley en un contexto de alta sensibilidad social y económica.