Media sanción para el proyecto de desalojos y expropiaciones: el oficialismo sufrió un revés al caerse la reforma sobre el Manejo del Fuego

En una sesión marcada por cruces intensos y negociaciones de última hora, La Libertad Avanza logró sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones. Sin embargo, el Gobierno sufrió un revés político al verse obligado a eliminar el capítulo vinculado a la Ley del Manejo del Fuego por falta de apoyo de los bloques dialoguistas.

La iniciativa principal obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, un respaldo construido con los aportes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas. En el apartado específico sobre desalojos, el oficialismo alcanzó los 36 votos positivos debido a la abstención de la chubutense Edith Terenzi.

Con este resultado, el oficialismo continúa depurando un paquete de reformas que ya había sufrido modificaciones previas: ayer se había eliminado el capítulo 3 sobre la extranjerización de la tierra, y hoy se excluyeron formalmente los artículos que buscaban flexibilizar el régimen de incendios forestales.

Radiografía de la votación

El respaldo de 37 votos que permitió aprobar el proyecto en general se integró de la siguiente manera:

• 21 votos de La Libertad Avanza.
• 9 votos de la UCR.
• 3 votos del PRO.
• 2 senadores misioneros: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
• 1 correntino: Carlos «Camau» Espínola.
• 1 chubutense: Edith Terenzi.

En la vereda opuesta, los 33 votos negativos fueron aportados por:

• 24 senadores del interbloque justicialista.
• 3 integrantes de Convicción Federal.
• Beatriz Ávila (Independencia).
• Flavia Royón (Primero los Salteños).
• Alejandra Vigo (Provincias Unidas).
• Julieta Corroza (Neuquén).
• José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz).

El traspié con la Ley de Manejo del Fuego

El oficialismo fracasó en su intento de modificar la Ley de Manejo del Fuego (sancionada originalmente en 2020), la cual prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios, y por 30 años en tierras agropecuarias.

La administración nacional buscaba flexibilizar este régimen al considerar que castigaba doblemente a los propietarios de inmuebles incendiados. No obstante, un sector de los aliados dialoguistas —integrado por los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Ávila y los representantes misioneros— rechazó de plano estos cambios impulsados inicialmente en sintonía con las propuestas legislativas.

Defensa oficialista y duras críticas de la oposición

El debate en el recinto estuvo atravesado por fuertes cruces ideológicos y cuestionamientos al trámite parlamentario.

Desde el oficialismo, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada al señalar que la norma «viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado» y busca garantizar que «el Estado te proteja y no te usurpe».

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, explicó que la reforma de desalojos apunta a que los procesos se tramiten por la vía sumarísima para evitar que los dueños de los bienes sufran demoras judiciales. A su turno, la senadora Nadia Márquez remarcó que la ley pretende «ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas y apoyar a los que quieren invertir», mientras que Gonzalo Guzmán Coraita afirmó que la Argentina «necesita reglas claras para ser un país previsible».

Por el lado de la oposición, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como «un asco» e «inconstitucional», asegurando que se trata de «un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado». En un tono similar, el pampeano Daniel Bensusán tildó la iniciativa de «mamarracho» y denunció desprolijidades en el trámite legislativo, afirmando que el dictamen se entregó «apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones».

La rionegrina Ana Marks también cuestionó duramente la norma al acusar al oficialismo de actuar como «cipayos y entreguistas» por considerar la tierra bajo una óptica meramente mercantil, advirtiendo además sobre el impacto del nuevo régimen de desalojos en medio de la crisis habitacional.

Finalmente, desde el radicalismo, Maximiliano Abad marcó distancia de los argumentos económicos del oficialismo al advertir que las inversiones «no van a venir porque se flexibilice una ley», sino a partir de la construcción de «estabilidad, instituciones sólidas y una política exterior coherente».