En una jornada marcada por intensas negociaciones de pasillo y el clima festivo de la final de la Selección, el Senado de la Nación volvió a ser escenario de un duro revés político para el oficialismo. Si bien La Libertad Avanza logró reunir el quórum mínimo de 37 legisladores para abrir la sesión y aprobar una serie de pliegos judiciales, la falta de apoyo de los bloques aliados forzó una nueva postergación del debate en torno a la Ley de Tierras.
La jefa de la bancada oficialista solicitó formalmente demorar el tratamiento de la iniciativa hasta la sesión del 6 de agosto, una vez concluido el receso invernal.
Las claves del desacuerdo
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tiene como punto neurálgico la modificación de la Ley de Tierras sancionada en 2011. El conflicto principal radica en:
- Extranjerización del territorio: La reforma propone eliminar los límites vigentes para que ciudadanos y empresas de otros países adquieran grandes extensiones de suelos rurales.
- Zonas de frontera: Aunque los borradores recientes planteaban un «doble conforme» (el aval del gobernador provincial y del Gobierno nacional) para la venta en áreas de seguridad fronteriza, las discrepancias sobre el alcance de la soberanía territorial terminaron por trabar el dictamen.
- Desalojos inmediatos y manejo del fuego: Las modificaciones en los procesos sumarísimos de desalojo y la eliminación de restricciones para cambiar el uso de tierras arrasadas por incendios forestales sumaron resistencias entre los senadores moderados y de provincias patagónicas.
Un borrador que no conformó a nadie
A pesar de que en las horas previas circuló la versión número 15 de un borrador que buscaba equilibrar las demandas de las provincias, las posiciones continuaron muy distantes. Mientras un sector del oficialismo intentaba cerrar acuerdos contrarreloj, las áreas técnicas del Ejecutivo rechazaron las concesiones que otorgaban demasiada autonomía regulatoria a cada provincia, argumentando que provocaría un «caos normativo».
La decisión de postergar el tratamiento busca ganar tiempo para aplacar las tensiones internas y asegurar las firmas necesarias de cara a agosto. Por el momento, el oficialismo debió conformarse con avanzar únicamente en el nombramiento de magistrados, dejando la reforma territorial nuevamente en pausa.

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